Delegación chilena de flotilla recurrirá a la Corte Penal Internacional tras retención de activistas por Israel

La delegación chilena de la flotilla humanitaria Global Sumud anunció que recurrirá a la Corte Penal Internacional (CPI) y al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, tras la retención de activistas nacionales por parte de Israel.

El anuncio fue realizado por el representante legal del grupo, el exembajador Nelson Hadad, luego del regreso a Chile de parte de los integrantes de la flotilla, quienes denunciaron malos tratos tras ser interceptados mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Hadad valoró las gestiones consulares realizadas por Chile, señalando que tanto el cónsul en Tel Aviv como el cónsul en Turquía prestaron apoyo a los ciudadanos chilenos que, según dijo, “estaban pasando por un momento muy difícil”.

Sin embargo, el exembajador apuntó directamente contra el actuar de Israel y calificó lo ocurrido como “un acto de piratería internacional”, afirmando que los hechos se habrían registrado en aguas internacionales.

Según Hadad, durante la detención se habrían cometido distintos delitos contra los integrantes de la misión, entre ellos la retención de activistas, la destrucción de alimentos y medicinas, además de denuncias por maltrato físico, violencia y violencia sexual.

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Ofensiva internacional

El representante legal sostuvo que estos antecedentes serán informados a Cancillería y que la delegación buscará que el caso sea revisado por instancias internacionales. “Nosotros vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional y, además, al Tribunal del Mar”, afirmó Hadad.

En esa línea, señaló que se trata de una “acumulación de delitos” que debe ser investigada, y adelantó que también incluirán antecedentes vinculados al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, mencionado por algunos activistas tras su retorno. “La actuación del ministro Ben Gvir merece de inmediato la expulsión del gobierno”, sostuvo.

Con ello, la delegación chilena de Global Sumud busca abrir un camino judicial internacional por la interceptación de la flotilla y las condiciones denunciadas por sus integrantes durante la detención.